En un episodio de extrema tensión institucional sacude la provincia de Chaco y enciende las alarmas de los organismos de derechos humanos a nivel nacional. Familiares de Axel González, el joven de 21 años que permanece desaparecido desde el pasado 18 de mayo, denunciaron públicamente haber sido interceptados y hostigados por efectivos de la Policía provincial mientras realizaban una campaña de difusión para visibilizar el caso. El hecho, que suma gravedad minuto a minuto, ocurrió en las inmediaciones de la Residencia Gubernamental en la capital chaqueña.

El preocupante suceso fue visibilizado por Cinthia Gómez, hermana de la víctima, a través de un crudo descargo en redes sociales que expone el nivel de vulnerabilidad de la familia. Según el testimonio, el grupo compuesto por ocho personas, entre las cuales se encontraban menores de edad fue abordado de manera intimidatoria por el personal policial cuando intentaban colocar afiches con el rostro de Axel en postes de luz y contenedores de la vía pública.

Cuestionamientos al poder y una hipótesis alarmante

La denuncia no solo expone las trabas para difundir la búsqueda, sino que reaviva las sospechas más oscuras en torno a la desaparición del joven oriundo de Fontana. La familia no dudó en apuntar contra la propia fuerza de seguridad como parte del entramado detrás de la desaparición de Axel, una línea que la Justicia ya evalúa bajo estricto hermetismo.

“En tiempo de democracia, después de lo que nos pasó ayer y de la desaparición de mi hermano, que nunca voy a dejar de apuntar a la policía, no lo siento así”, sentenció Gómez, cuestionando abiertamente las garantías democráticas en la provincia tras el proceder de los uniformados. Asimismo, la familia denunció que parte del material de difusión que lograron colocar ya fue sistemáticamente retirado de las calles.

Siete detenidos y un silencio oficial que aturde

La desaparición de Axel González mantiene en vilo a la provincia. Hasta el momento, la causa judicial, comandada por un equipo especial de fiscales, avanza con siete personas detenidas e imputadas por presunto encubrimiento. Mientras las fuerzas federales y provinciales despliegan rastrillajes y allanamientos en Fontana, Puerto Tirol y zonas aledañas, el paradero del joven sigue siendo un misterio absoluto.

A pesar de la gravedad de la acusación pública, que pone en jaque el accionar policial a metros de la sede del poder político provincial, la Policía del Chaco y el Ministerio de Seguridad local mantienen un absoluto y hermético silencio, sin haber emitido ningún tipo de comunicado oficial hasta el cierre de esta edición. La opinión pública nacional exige respuestas inmediatas ante un caso que, inevitablemente, evoca los fantasmas más oscuros de la violencia institucional.