La querella que representa a la familia de Axel González presentó un escrito ante el Equipo Fiscal Especial en el que solicitó la citación a declaración de imputado y la detención de tres funcionarios policiales de la Comisaría Segunda de Fontana.

El pedido fue realizado por el abogado Ricardo Osuna, con el patrocinio de la abogada Celeste Segovia, y alcanza a los efectivos identificados por sus iniciales como R.O.B., G.A.M. y C.M.T.

Según la presentación, los tres integraban el móvil policial N-156 durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo de 2026, la franja horaria considerada central en la causa, ya que fue el período en el que Axel fue visto por última vez.

La hipótesis de una posible intervención policial

El planteo de la querella sostiene que la línea vinculada a una eventual intervención policial ya no se apoya solamente en sospechas iniciales, sino en un conjunto de testimonios, informes y medidas de prueba que, analizados de manera integral, permitirían ubicar a personal policial en la escena y en momentos previos a la desaparición.

Para los representantes de la familia, los elementos incorporados al expediente configuran una sospecha fundada que justificaría modificar la situación procesal de los efectivos señalados.

La presentación no implica una imputación automática ni una detención inmediata: será ahora la Fiscalía la que deberá evaluar si comparte el criterio de la querella y si considera que existen elementos suficientes para avanzar en ese sentido.

Los testimonios señalados por la familia

Entre los elementos mencionados por la querella aparece la declaración de A.E.L., quien afirmó que Axel habría sido perseguido por efectivos policiales luego de ser interceptado por un móvil.

También fueron citados los testimonios de S.A.E. y J.L.L., quienes describieron movimientos policiales en la zona durante la madrugada investigada. Otro punto considerado relevante es la declaración de R.E., quien aseguró haber visto a Axel dentro de un patrullero.

A eso se suman los mensajes y videos aportados por L.P.V., donde, según el escrito, el propio Axel manifestaba encontrarse rodeado de policías horas antes de que se perdiera todo rastro sobre su paradero.

La querella también destacó la declaración de la agente C.I.M., quien habría identificado a los ocupantes del móvil policial N-156 en una zona considerada de interés para la investigación. Ese dato aparece como uno de los ejes del planteo, ya que los tres policías señalados por la familia habrían integrado ese móvil durante la noche y madrugada en que se reconstruyen los últimos movimientos conocidos de Axel.

Además, la presentación valoró la declaración de J.L.G., quien refirió antecedentes de hostigamiento policial sufridos por la víctima con anterioridad a su desaparición.

Para la querella, esos testimonios deben ser leídos en conjunto con otras declaraciones y medidas de prueba que buscan reconstruir el desplazamiento de los móviles policiales durante la madrugada del 17 de mayo.

Piden detención por riesgo de entorpecimiento

Además de la imputación formal, la querella solicitó que se ordene la detención de los tres efectivos y que se promuevan las medidas de coerción correspondientes.

El argumento central es el posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según el planteo, los funcionarios policiales continúan perteneciendo a una fuerza de seguridad directamente vinculada a la causa y podrían tener acceso a documentación institucional, registros internos y eventuales fuentes de prueba.

El escrito también advierte que todavía restan producir medidas consideradas importantes para el avance del expediente, entre ellas análisis de comunicaciones telefónicas, cruces de antenas, pericias sobre dispositivos electrónicos, reconstrucciones de recorridos GPS y ampliaciones testimoniales.

Para la querella, ese contexto refuerza la necesidad de avanzar con medidas que garanticen la preservación de la prueba.

También pidieron citar a otra funcionaria policial

En el mismo escrito, los representantes de la familia solicitaron la citación testimonial de la funcionaria policial identificada como Y.B.R.

Según la presentación, la mujer prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Fontana durante la noche en que Axel González desapareció, por lo que su declaración podría aportar información relevante sobre los movimientos internos de la dependencia, los móviles en servicio y el personal afectado durante esa franja horaria.

El antecedente inmediato: patrulleros secuestrados y Gendarmería al frente de medidas

El pedido de la querella se conoció luego de una jornada clave en la investigación. El lunes, personal de Gendarmería Nacional realizó procedimientos en dependencias policiales vinculadas a la causa.

En la Comisaría Segunda de Fontana, los gendarmes secuestraron un móvil policial y un libro de turnos, elementos que quedaron a disposición del Equipo Fiscal Especial.

Horas después, también se secuestró otro patrullero en la Comisaría de Puerto Tirol, que será sometido a las pericias correspondientes para determinar si puede aportar datos relevantes a la investigación.

Estas medidas fueron dispuestas después de que la Policía del Chaco fuera apartada de la investigación y las fuerzas federales tomaran intervención en distintas diligencias ordenadas por el Equipo Fiscal Especial.

La apertura de celulares, otra medida esperada

En paralelo, esta semana se espera la apertura de los celulares de los imputados, una medida que podría resultar clave para la reconstrucción de comunicaciones, ubicaciones, contactos y movimientos previos o posteriores a la desaparición de Axel.

Para la familia, esa línea de prueba puede aportar información decisiva sobre lo ocurrido durante la madrugada del 17 de mayo y sobre eventuales vínculos entre los distintos actores mencionados en el expediente.

La desaparición de Axel González mantiene en vilo a su familia y a la comunidad de Fontana desde hace más de un mes. Hasta ahora, la causa avanzó con distintas hipótesis, detenciones previas, allanamientos, secuestro de elementos y medidas periciales.

La decisión queda ahora en manos del Equipo Fiscal Especial, que deberá analizar si la prueba reunida hasta el momento resulta suficiente para citar a los efectivos como imputados, ordenar sus detenciones o disponer nuevas medidas antes de resolver.

Fuente: Libertad Digital